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El Ministerio de Gobierno y Justicia y la Fiscalía de Estado firmaron un convenio para apoyar y fortalecer el uso de la mediación en la gestión y resolución de los conflictos legales entre las instituciones sociales. Además, se hizo la entrega de certificados a los nuevos integrantes del equipo disciplinarios de Mediadores Comunitarios –Formación 2017.

Firma convenio para fortalecer la Mediación Comunitaria
En el Salón Blanco de Casa de Gobierno se llevó a cabo la firma convenio para fortalecer la Mediación Comunitaria

Firma de convenio tiene como objetivo promocionar los métodos alternativos y participativo de resolución de conflictos en ámbitos institucionales y sociales a los efectos de contribuir recíprocamente a la competencia de cada repartición provincial

Por su parte, el Ministro de Gobierno y Justicia, Agustín Perassi hizo énfasis que desde el estado se brinda esta herramienta de mediación para que la gente resuelva sus conflictos dialogando sin llegar a mayores.

“Todas las organizaciones tienen un sentido positivo de creación y desean que su funcionamiento sea adecuado, entonces cuando se presentan los problemas a veces un tercero especializado ayuda mucho resolver sus inconvenientes”, afirmó Perassi.

El Fiscal de Estado, Mariano Miranda señalo que desde el 2015 se logró regularizar más de cien instituciones que se encontraban con mandato vencido o presentaban algún grado de conflictividad.

y evitar que se judialice ahora se aplicara de manera con esta herramienta importante mediante las personas especializadas a resolver estos conflictos.

“Ahora con estos nuevos mediadores de toda la provincia que recibieron sus certificados en la fecha vamos a evitar que distintos casos se judicialicen y que a través de esta herramienta importante como es la mediación se puedan resolver distintos conflictos”, concluyó Miranda.

Como testigos de la firma de este convenio de colaboración, estuvieron el Secretario de Justicia, Daniel Suarez; la Directora de Mediación y R.A.C, Gilda Romero; Procuradora, Josefa Del Valle Herrera y el Diputado Provincial, Marcelo Nasif.

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Funcionarios del Gobierno Provincial se reunieron con sus pares del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y directivos del Grupo de Acción Financiera (GAFI), a fin de acordar acciones en la lucha contra el lavado de activos proveniente del narcotráfico y la trata de personas.

Funcionarios provinciales con pares del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y directivos del GAFI.

Del encuentro, desarrollado en el salón Blanco de Casa de Gobierno, participaron los secretarios de Justicia, Ernesto Suarez; de Gobierno, Luciano Rivas y de Asuntos y Relaciones Municipales, Sebastián Echavarri y el Fiscal de Estado, Mariano Miranda, mientras que la comitiva visitante estuvo encabezada por el Coordinador Nacional para el Combate del Lavado de Activos y la Financiación del terrorismo, Nicolás Negri.

El funcionario nacional estuvo acompañado por los auditores y consultores del grupo de acción financiera (GAFI), miembros del Four Latin America and The Caribbean, del Financial Integrity Net Work; del Chairman  And Co-founder de la financial Integrity Net Work, del Consejo Asesor de la UIF del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y de la Coordinación Nacional de la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.

Nicolás Negri, explicó que la visita a Jujuy tiene el objetivo de articular acciones de cooperación entre el Ministerio de Justicia de Nación con la Provincia, a fin de enfrentar delitos que afectan a la seguridad ciudadana como el narcotráfico y la trata de personas, actividades que tienen relación directa con “el lavado de dinero y el terrorismo”.

En ese marco, enfatizó que “es importante que no solo la Justicia se preocupe por efectuar detenciones sino que hay que identificar los bienes y decomisarlos”. En tal sentido, señaló como muy positiva la presencia en la reunión de los  representantes de los Ministerios de Seguridad y de Justicia y como también la participación del Fiscal de Estado para “ver de qué manera se puede cooperar para combatir estos delitos”.

Como parte de la agenda, la comitiva mantendrá reuniones de trabajo con miembros de agencias federales y provinciales con competencia en temas de prevención de lavado de activos y lucha contra el terrorismo. “El ejercicio lo realizamos en conjunto con Migraciones, Aduana, AFIP, UIF y la  Direccional Nacional de Seguridad de Frontera, específicamente en La Quiaca y Villazón para colaborar con el control fronterizo de personas y bienes”, explicó.

Por último, Negri expresó que una vez finalizados los ejercicios y encuentros, realizarán un diagnosticó de la situación en Jujuy, donde se expondrán “los principales desafíos y necesidades de la Justicia y órganos del Poder Ejecutivo, lo que posibilitará ver de qué manera tanto Nación y Provincia pueden colaborar”.

Miembros del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y directivos del GAFI.

 

En relación al informe preliminar del Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias (GTDA) de la Comisión de DDDHH de la ONU, de evaluación y análisis de las personas privadas de la libertad en la República Argentina, brindado ayer jueves 18 de mayo en la sede del organismo en Buenos Aires, Miranda señaló que “el informe –dijo- no ha reiterado la recomendación de que la señora Milagro Sala sea liberada, ni ha señalado ningún tipo de irregularidad que se hubiera verificado sobre su situación, ni mucho menos se ha hecho eco de las falsas denuncias de torturas y malos tratos que les formuló Sala”.

Mariano Miranda, fiscal de Estado.
Mariano Miranda, fiscal de Estado.

 

Miranda recordó que el Grupo de Trabajo emitió una recomendación de que Sala fuera liberada, por considerar su detención arbitraria. Ante esta recomendación, que fue calificada como producto de falta de información y también de información falsa, el Gobernador Gerardo Morales invitó al Grupo a visitar Jujuy, para conocer las causas que tramitan ante la Justicia y poder constatar en forma directa la situación de Sala.

“Los expertos Elina Steinerte y Sètondji Roland Adjovi, que se reunieron con los abogados de Sala y la visitaron en dos oportunidades, no han efectuado ningún tipo de recomendación. En el informe ni siquiera se la menciona”, expresó Miranda.

Señaló asimismo que el GTDA fue recibido por el Poder Ejecutivo Provincial, el Superior Tribunal de Justicia y el Ministerio Público de la Acusación, adonde se le brindó toda la información que solicitaron.

Miranda consideró especialmente significativo el silencio respecto de las denuncias de torturas, malos tratos y otras formas de persecución que formuló Sala ante el Grupo de Trabajo “La misión de Naciones Unidas evidentemente no le creyó”.

Por otro lado, el Fiscal de Estado destacó que el Grupo de Trabajo haya reconocido “las pautas y los lineamientos del Fiscal General de Jujuy Sergio Lello Sánchez, impartidos para los fiscales provinciales respecto de la excepcionalidad de la prisión preventiva y el uso de medidas alternativas a la privación de la libertad”.

En el mismo contexto, Miranda hizo notar que si bien el informe adopta una actitud crítica en relación con el sistema penal y penitenciario, así como sobre la excesiva duración en algunos casos de la prisión preventiva, la mención no se refiere a la Provincia de Jujuy, sino a toda la República Argentina. “Es una situación que viene de años y en la que en particular en Jujuy se han registrado avances. La duración de las prisiones preventivas actualmente se encuentran entre las más bajas del país”.

El funcionario hizo notar que “las denuncias puntales como la represión a comunidades aborígenes o el acoso a personas transgénero, que también se mencionan en el informe, se refieren a otras provincias argentinas”.

Para terminar, señaló que Jujuy cuenta con una institucionalidad que responde a los estándares internacionales y que en la provincia rigen en forma irrestricta los derechos y las garantías que derivan de la Constitución Nacional y de los tratados que forman parte de la misma.

“Luego de tantos esfuerzos destinados a desacreditar al Gobierno de Jujuy en su lucha contra la corrupción, todos los que se hicieron eco de denuncias y versiones falsas, deberían también, informarse sobre las características de las causas por hechos graves de corrupción que se siguen en la Justicia respecto a Milagro Sala y ex funcionarios de orden provincial y Nacional”, puntualizó.

 

Sobre la Opinión del Grupo de Trabajo del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que asegura que la dirigente Milagro Sala está detenida en forma arbitraria por falta de desafuero, el fiscal de Estado de Jujuy, Mariano Miranda, recordó que la Cámara Nacional Electoral declaró inconstitucional el artículo 16 de la Ley 27.160 que otorgaba los fueros a los legisladores del Parlasur.
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Fiscal de Estado, Mariano Miranda

“El escrito difundido es una OPINIÓN de un grupo de trabajo del consejo de DDHH de la ONU. No es un dictamen ni una resolución”, aclaró Miranda quien agregó “no se consideran elementos importantes sobre la situación procesal. La señora Sala no cuenta con fueros”, remarcó en respuesta a los puntos 114 y 115 de dicha Opinión.

“No está en discusión la pertenencia de la República Argentina y su ordenamiento legal al sistema de Naciones Unidas, así como el sometimiento a las normas internacionales: Declaración Universal de los DDHH y Pacto de San José de Costa Rica y su rango constitucional”, señaló el fiscal de Estado y destacó que “entendemos que esta OPINIÓN será observada por la justicia de Jujuy. Los jueces por su condición de independientes de cualquier otro poder han decidido la situación procesal de Sala en función de las denuncias por hechos de corrupción debidamente fundadas”.
Miranda se refirió a las causas por la sustracción de 29 millones de pesos del 9 de diciembre de 2015 y la no realización de más de dos mil viviendas que fueron pagadas por el Estado nacional durante el bienio 2014-2015, ambos actos de corrupción fueron constatados y verificados a partir del cambio de gobierno.
“Cabe destacar -dijo Miranda- que durante años se llevaron adelante numerosas denuncias ante jueces ausentes, que protegían la dirigente k imputada y sus métodos violentos. Desde 2010 hasta 2015 Milagro Sala gozó de la protección de impunidad que le garantizaba tanto el gobierno Provincial como Nacional”.