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La categórica afirmación pertenece al fiscal de Estado, Mariano Miranda, durante su exposición ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En la audiencia sobre protesta social en Jujuy, llevada adelante esta  mañana en la sede del organismo en Washington, el fiscal de Estado jujeño  expuso y aclaró los hechos denunciados.

Fiscal de Estado,Mariano Miranda.
Fiscal de Estado,Mariano Miranda.

Sostuvo que “Jujuy está plenamente comprometida con el respeto de los Derechos Humanos” y resaltó que esta determinación “orienta las políticas públicas implementadas por el Gobierno de la Provincia desde diciembre de 2015».

«En ningún caso se hostigó a los referentes sociales”, agregó e indicó que el juzgamiento de los delitos penales en los casos denunciados por fraude al Estado y corrupción de los funcionarios públicos, corresponde a los jueces, sobre quienes el Ejecutivo no ejerce influencia alguna”.

En otro tramo de su exposición y en compañía del diputado Ramiro Tizón, presidente de la Comisión de Asuntos Institucionales de la Legislatura, Miranda recalcó que el nuevo Código Contravencional de la Provincia, ampliamente debatido y consensuado por las bancadas políticas que integran la Legislatura de Jujuy, en comisiones y audiencias públicas, “importó un cambio fundamental” puesto que derogó a la vieja Ley de Faltas del año 1951 que otorgaba facultades a la Policía para imponer penas y sin oportunidad de defensa para el acusado. Esto significa que era juez y acusadora, siendo la pena máxima el arresto.

El nuevo Código Contravencional garantiza el derecho a la defensa en juicio y en legítimo proceso, imponiendo la figura del juez. La pena más frecuente hoy es el trabajo comunitario en beneficio de la ciudadanía toda, lo que representa una mejora en los derechos de los ciudadanos.

A fin de ilustrar sus dichos, el Fiscal señaló que durante 2016 se realizaron 1191 manifestaciones de protesta social en diversos puntos de la provincia. Sólo se labraron actuaciones judiciales y contravencionales en el 0,75 por ciento de los casos. “No hay una aplicación abusiva de la norma en Jujuy”, subrayó.

En referencia al acampe promovido por la Tupac Amaru en diciembre de 2015 en la plaza Belgrano, dijo que los manifestantes “cometieron abusos y excedieron límites”.

“La ciudadanía se vio afectada por la acción ilegítima de los miembros de la Red de Organizaciones Sociales, interrumpiendo y entorpeciendo el servicio de transporte, lo que perjudicó a quienes tenían que concurrir a sus lugares de trabajo”, expresó y recordó que durante 36 días bloquearon una arteria principal del centro de San Salvador de Jujuy por donde se desarrolla el 100 por ciento del transporte de pasajeros, afectando también el funcionamiento y acceso al hospital San Roque”.

Aseguró que la toma de la plaza “no fue una ocupación pacífica” y agregó que los manifestantes “pretendían mantener su rol de intermediarios entre los fondos públicos que administraba el Estado nacional y los verdaderos beneficiarios”.

En relación a la situación de queja planteada por el Sindicato del Ingenio Ledesma, apuntó que los trabajadores asumieron una actitud contrapuesta al ejercicio del derecho a la protesta, por cuanto procedieron a cortar de manera permanente y prolongada la Ruta Nacional 34, que es parte del Corredor Bioceánico por el Paso de Jama. “Sitiaron y bloquearon el ingreso a la ciudad de Libertador General San Martín, interrumpiendo el transporte de mercaderías y personas”, precisó. “La protesta social y sindical que tiene raigambre de Derecho Humano, no puede permitir la comisión de delitos en perjuicio de la población”, argumentó.

El fiscal de Estado de Jujuy, Mariano Miranda, informó a la Subsecretaría de Protección de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, las acciones adoptadas para dar cumplimiento a las recomendaciones efectuadas en la opinión N° 31/2016 del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas (GTDA), respecto de la situación judicial y detención de Milagro Sala.

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Fiscal de Estado, Mariano Miranda

Consigna que el Poder Ejecutivo, a través del Decreto N° 2647/2016, instruyó a presentar y poner en conocimiento de los jueces y fiscales con competencia en todas aquellas causas judiciales en las que se investigan hechos sistemáticos de corrupción y fraude a la administración pública el contenido de las recomendaciones efectuadas por dicho Grupo de Trabajo.

Esta disposición incluye a todas las causas penales que estarían alcanzadas por la opinión antes mencionada, en las que el Estado provincial es parte querellante en defensa de los intereses jurídicos y patrimoniales de la Provincia de Jujuy y su población. Además, responde a la irrestricta voluntad del Estado de cooperar con los organismos internacionales que conforman el sistema universal de derechos humanos, en base a la premisa fundamental de todo Estado Democrático y Constitucional de Derecho que consiste en el apego y el respeto incondicional al principio de división de poderes.

Cúmulo de causas

En este marco, Miranda precisó que además de los expedientes Nº 127785/15, por el que se acusa a Sala por instigación, tumulto, entorpecer la circulación y sedición por el acampe, y en consecuencia privada de la libertad a partir del 16-01-2016; y Nº 129652/16, por el que se promueve acción penal pública en contra de Sala en su carácter de Jefa de una Asociación Ilícita y coautora de extorsión y fraude contra la Administración) Pública; hay cuanto menos otras seis causas penales, cuatro de ellas radicadas ante la justicia provincial y dos en el fuero federal. Ellas son: Expediente Nº P-140.750/16, Eduardo A. Fellner (ex Gobernador), Luis Cosentini (ex Secretario de Tierra y Vivienda) coautores fraude a la administración pública (Art. 174, inc. 5 Código Penal) en concurso real con el delito de falsedad ideológica (Art. 293 Código Penal); Milagro Amalia Ángela Sala s/ Asociación Ilícita y fraude a la administración pública.

Expediente N° 2990/12, s/ Tentativa de homicidio agravada por promesa remuneratoria y determinación directa.

Expediente N° 18.487/16, s/ Lesiones gravísimas.

Expediente N° P-86.175/14, s/ Amenazas, dos hechos en concurso real.

Expediente N° 120/11, Justicia Federal, s/ Amenazas y Daños agravados.

Expediente N° 509/09, Justicia Federal, s/ Enriquecimiento Ilícito, Evasión Fiscal.

Denuncias de la Red de Organizaciones Sociales

En cuanto al expediente N° 129.652/16, por Asociación Ilícita, Extorsión y Fraude a la Administración Pública, señaló que se abre a partir de una denuncia efectuada por nueve presidentes de organizaciones sociales y cooperativas de trabajo que integraban la Red de Organizaciones Sociales, de fecha enero de 2016, por hechos de 2015, en la que revelaron el modus operandi de Sala y un grupo de colaboradores cercanos, para absorber fondos destinados a la construcción de viviendas y mejoramientos habitacionales que luego fueron asignados a fines por el momento desconocidos.

La Justicia encuentra plenamente probado que las obras a la que estaba destinado el financiamiento estatal jamás se iniciaron y las cooperativas destinatarias de los fondos públicos nunca pudieron ejecutar las obras pues el dinero fue colectado en su totalidad en manos de Sala, en su domicilio particular, en consonancia con el modus operandi acreditado y que se venía ejecutando desde 2008.

Tras un exhaustivo trabajo de campo oficiado por las nuevas autoridades de IVUJ, se comprobó que 1836 viviendas a cargo de cooperativas nucleadas por la organización Tupac Amaru, jamás fueron construidas, mientras otras 524 otras estaban inconclusas. Sin embargo,todas habían sido informadas como completamente finalizadas y fueron íntegramente pagadas, algunas de ellas incluso con adicionales de pago (Addendas), los cuales también reportaban importantes irregularidades. La suma total de la millonaria defraudación articulada durante 2007 a 2015 entre agentes gubernamentales y Sala ascendería al monto de 1.200 millones de Pesos, es decir aproximadamente 80 millones de Dólares Estadounidenses.

Cabe consignar, que para tomar dimensión de esto se debe considerar la imputación promovida contra el ex-gobernador Fellner y funcionarios de alto rango de su administración en el marco de la causa N° P-140.750/16, donde Sala está imputada como coautora de Fraude a la Administración Pública.

Testimonios de violencia y extorsión

El informe elevado por Miranda, también refiere a los testimonios aportados por iIntendentes, funcionarios de diverso rango y empresarios de la construcción, quienes detallaron mecanismos violentos y extorsivos que caracterizaban el accionar de Sala y el de sus seguidores.

En este sentido, cita como testigos a Mario Alberto Reynoso, secretario de hacienda del municipio de Perico; Alberto Vargas, exsecretario de planificación del municipio de Perico; Ester Yolanda Urista, encargada administrativa de la U.E.M. de Perico; Carina Mabel Argañaraz, tesorera general de la municipalidad de San Salvador de Jujuy; Emilio Javier Bustos, coordinador general de la U.E.M. de San Salvador de Jujuy; ex intendentes de los municipios de Palpalá, San Pedro, Libertador General  San Martín y Monterrico, Rolando Ficoseco, actual intendente de Perico; Elsa Flores, actual intendenta de Calilegua; Alberto Villanueva, presidente de la Cámara Jujeña de la Construcción; Carlos Savio, presidente de la Cámara de la Construcción Argentina, sede Jujuy; y Mabel Balconte, diputada provincial e integrante de la cooperativa pibes villeros; entre otros.

Sobre la defensa

Por otra parte, subraya que de las constancias de los expedientes judiciales en trámite, surge que durante todo el proceso se brindó a Sala y a su defensa amplias oportunidades de controlar todos y cada uno de los actos procesales.

Sus abogados estuvieron presentes en todos los actos de producción de prueba – testimoniales, allanamientos y declaraciones de co-imputados. Todas sus impugnaciones fueron debidamente atendidas y jamás se presentó reclamo alguno de que se le hubiera impedido el acceso a las actuaciones.

Los abogados de Sala jamás propusieron -hasta ahora no lo han hecho- ninguna prueba en su defensa y/o brindaron algún argumento tendiente a desvincularla de los hechos por los cuales resulto imputada, en cada una de las investigaciones en curso.

Por el contrario, en la causa N° P-129.652/16, analizada por el Grupo de Trabajo, la defensa interpuso una gran cantidad de impugnaciones. Cinco de ellas, luego de ser rechazadas por el juez de la causa, fueron declaradas desiertas, en tanto no fueron impulsadas por la defensa en la segunda instancia, tal como lo requiere el Código Procesal Penal de la Provincia, por lo que fueron consentidas por Sala y se encuentran firmes. Sólo una de ellas, referida a los pretendidos privilegios parlamentarios fue debidamente promovida por la defensa ante el tribunal de alzada, obteniendo, no obstante, un resultado adverso de la Cámara de Apelaciones.

En definitiva, la estrategia de litigio de la defensa de la Sra. Sala pareciera ser la de utilizar el sistema internacional, como una suerte de bypass a las reglas procesales locales, reclamando, a partir de ello, una intervención foránea que sin perjuicio de su legitimidad como instancia jurisdiccional supranacional -para el caso de la CIDH-, se ve desprovista, por su lejanía, de las posibilidades de conocer la complejidad e integridad de los hechos investigados.

Amplio abanico de pruebas

Al momento del dictado de la prisión preventiva, el juez de la causa ponderó un importante bagaje de prueba instrumental, documental, de informes y testimoniales, todas las cuales fueron descriptas en su valor probatorio para establecer la plena prueba de la existencia de los hechos y la semiplena prueba de la culpabilidad de la Sra. Sala en la participación de los mismos, conforme surge de las constancias de la causa.

Es justamente por este motivo que se solicita la visita del GTDA a la provincia, para que tome contacto directo con los expedientes y las autoridades jurisdiccionales si así lo quisieren, pues, más allá de lo que el Gobierno haya informado allá por abril de 2016, lo cierto es que no es el Poder Ejecutivo ni el gobierno quien dispone estas medidas jurisdiccionales, sino el Poder Judicial, como ocurre en todos los países civilizados de nuestro planeta, acogidos al sistema universal de derechos humanos.

Manto de impunidad

En otro orden, el informe advierte que el Grupo de Trabajo desatendió el entramado de impunidad y desgobierno que le permitieron a Sala desplegar su actividad liberada de todo tipo de control jurisdiccional y administrativo.

Respecto de esto último, como resultado de una virtual la inacción de los tribunales locales para con la investigación una importante cantidad de denuncias penales en contra de Sala, jamás se merituó ni recolectó evidencia tendiente al efecto de esclarecer los hechos.

Para entender la envergadura del esquema de protección judicial que gozaba la imputada debe considerarse que a partir de la reforma del Código Procesal de la Provincia se concentraron más de 350.000 investigaciones iniciadas antes de 2011, las cuales estaban a cargo de cuatro juzgados de instrucción y pasaron a manos de un solo juzgado de transición, a cargo del Dr.Francisco Javier Aróstegui, quien sobreseyó a Sala en más de 40 causas y utilizó el aparato estatal para perseguir a sus enemistadas personales. Por estos hechos, Arostegui fue denunciado en un Jury de Enjuiciamiento, que tramitó bajo el Expediente 3684/13, del Superior Tribunal de Justicia. Actualmente, se encuentra imputado en la Causa P-145.222, en trámite ante el Juzgado de Control N°2, como autor de los delitos de prevaricato, denegación de justicia, encubrimiento, en concurso real y, en la Causa P-145.697/16, del mismo Juzgado, se le atribuye retardo malicioso de justicia e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Todas investigaciones por haber favorecido a Milagro Sala y/o sus allegados.

La impunidad de la que gozaba la Sra. Sala, se suma la completa ausencia de controles administrativos respecto de las obras que debía realizar con el financiamiento estatal. Como resultado, la Sra. Sala disponía arbitrariamente los fondos estatales destinados a la construcción de viviendas.

La ausencia de ejecución física de las obras financiadas, importó un fraude a la administración por más de 700 millones de pesos a valores históricos, los cuales, fueron absorbidos y administrados discrecionalmente Milagro Sala y sus colaboradores.

Marco de independencia garantizado

Mirando considera imperioso aclarar, que lo que está sucediendo en el Poder Judicial de la Provincia de Jujuy, no escapa a lo que ocurre en todo el territorio de la Nación, en donde el Poder Judicial, respondiendo al clamor público de acabar con la impunidad de los crímenes cometidos en perjuicio del Estado, se encuentra investigando todos los delitos relacionados con la corrupción estatal. Así, en el fuero Federal, se encuentran procesados, investigados y hasta detenidos con prisión preventiva, ex funcionarios, dirigentes y empresarios, acusados por cometer delitos en perjuicio del erario público. Las nuevas autoridades, aseguran el marco de independencia del Poder Judicial, del que se carecía hasta hace poco tiempo, para que se puedan investigar todos los delitos que se cometieron en contra de los intereses del Estado.

Todo ello, en cumplimiento de los instrumentos internacionales de los cuales la República Argentina es signataria y ha ratificado por ley (Convección Interamericana contra la Corrupción, ratificada por Ley 24.759 y Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción ratificada por Ley 26.097).

Para acceder al informe completo dirigirse a: Informe de Fiscalía a la Subsecretaría de Protección de Derechos Humanos de la Nación

El secretario de Comunicación y Gobierno Abierto, Raúl García Goyena, repudió los agravios sufridos por los fiscales de Estado y Anti Corrupción, perpetrados por trabajadores de ATE en la Ex ESMA. Además respaldó el trabajo que vienen desarrollando los fiscales y señaló que se debe respetar el proceso que lleva adelante la Justicia jujeña.

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secretario de Comunicación y Gobierno Abierto, Raúl García Goyena

“Respaldamos a Miranda y Millón Quintana ante la agresión generada por un grupo de cobardes que sólo actúan cuando están en grupos numerosos”, expresó García Goyena en relación a los ataques verbales e intimidatorios a los fiscales que fueron sometidos cuando se disponían a participar de una reunión en el predio de la Ex ESMA.

“Yo no llamaría escrache a lo que sucedió, ya que se trató de una situación violenta en la que un grupo agravia y ataca cobardemente con una actitud verdaderamente anti democrática”, sostuvo. Señaló que es necesario preguntarse quiénes son los que bancan este tipo de manifestaciones, “personajes como Boudou, D´Elía y Martiotto, siendo el ex vice presidente quien tiene causas en la justicia”, remarcó.

“Se trata de gente que no se adapta al sistema democrático y que no acepta la decisión de la justicia jujeña que dispuso que Milagro Sala permanezca presa. Ella es la que tiene que dar explicaciones sobre el destino de la plata de las 1.700 viviendas que no se construyeron o por las 500 casas que quedaron a medio construir dejando a miles de familias sin hogar porque se robaron la plata”, enfatizó.

“En Jujuy tenemos un proceso judicial y es en ese marco en el que deben actuar, ahí los que están denunciados por ladrones deberán demostrar lo contario y no solo salir a decir que están siendo víctimas de una persecución porque la única víctima es el pueblo al que se le robó la plata”, continúo el funcionario.

“La población ya eligió un gobierno que busca la paz y que no está de acuerdo con las situaciones violentas que este tipo  de personas provoca”, concluyó.

Atento a la gravedad institucional que reviste el hecho, el Gobierno de la Provincia repudió enérgicamente las expresiones violentas proferidas por personas identificadas en su mayoría con pecheras de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), contra el fiscal de Estado de la Provincia, Mariano Miranda; y el fiscal de la Oficina Anticorrupción de Jujuy, Joaquín Millón Quintana; quienes investigan la participación de organizaciones sociales en el desvío de 800 millones de pesos previstos para la construcción de viviendas.

 

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Este ataque contra las instituciones fue perpetrado en inmediaciones de la ex-ESMA, lacerando los pilares del estado de derecho reinstaurado en Jujuy, los principios de paz y convivencia y la independencia de poderes consagrada por la Constitución.

Entre agravios amenazantes y provocaciones vociferadas por un grupo de violentos, los fiscales fueron sometidos a una experiencia de la más pura expresión violenta que caracterizó al escenario político e institucional del país en los últimos doce años, por el hecho de cumplir responsable y comprometidamente el deber que les fue conferido de velar por los intereses del conjunto de los jujeños.

Episodios de esta naturaleza no hace más que ratificar el actual rumbo elegido para Jujuy por los propios jujeños, a través de su pronunciamiento libre en las urnas, ratificando el compromiso de construir más institucionalidad desde la democracia, de manera que los violentos no tengan espacios para sembrar discordia, desencuentro y dolor.

Desde la legalidad, los argentinos y los jujeños en particular debemos garantizar el derecho a manifestar, no así permitir el escrache como forma de expresión, puesto que esta modalidad lejos está de la libre exteriorización de pensamiento o pertenencia, sino que se abraza a la cultura de violencia que procuramos desterrar.

El prestigioso jurista, ex-ministro del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba y profesor emérito de la Universidad de Córdoba (UNC). Luis Moisset de Espanés, destacó el trabajo que concentra el Poder Ejecutivo para garantizar seguridad jurídica a los jujeños. En estos términos se pronunció tras reunirse con el ministro de Gobierno y Justicia, Agustín Perassi, y el fiscal de Estado, Mariano Miranda, e interiorizarse sobre la decisión política del gobernador Gerardo Morales, en cuanto a una reforma judicial y a la selección de funcionarios judiciales a través de concurso de antecedentes y oposición.

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Luis Moisset de Espanés con funcionarios provinciales

Espanés, resaltó que es un deber de los gobiernos provinciales, que haya una selección de funcionarios judiciales por concurso; a lo que añadió que “ha sido siempre mi preocupación, cuando he tenido alguna vinculación con este tipo de problemas al tratar de exigir que los auxiliares de la justicia ingresasen por concursos”.

“De manera tal, hay que contar con personal lo más capacitado posible y lo mismo sucede en los distintos niveles de la administración de justicia, no solos los jueces, sino los cargos de secretarios, prosecretarios; deben cubrirse por esa vía, facilitar una mejor atención, es un deber del Estado proporcionar seguridad jurídica en las resoluciones judiciales”, puntualizó.

Aclaró que si el Gobierno de Jujuy, está trabajando en este camino, pondera una acción que reclama la sociedad.

Además, dijo que es un deber atender todas las modificaciones tipo técnico que ha habido, lo que puede facilitar el adecuado funcionamiento, superando pasos que antes eran penosos y largos.

Luego, resaltó que “estas transformaciones en el apoyo informático, ficheros más actualizados, forma de un acceso a la justicia, más rápida, un proceso que acelera el propio proceso, por lo general en los tribunales de provincias, tiene que existir una etapa inicial”.

Finalmente, abogó en seguir realizando el esfuerzo para mejorar todos esos aspectos.

En la reunión, también estuvieron presentes, los secretarios de Justicia y de Relaciones con la Sociedad Civil, Daniel Suarez y Mario Nallar, respectivamente, y Esteban Arias Cau, del Colegio de Abogados.