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Así lo afirmó el Fiscal de Estado de Jujuy, Mariano Miranda, ante la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en confirmar la prisión preventiva de Milagro Sala. También destacó que se cumpla con el fallo de la Corte Interamericana sobre la prisión domiciliaria de la encarcelada dirigente social.

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Fiscal de Estado de Jujuy, Mariano Miranda

Miranda sostuvo que “esto es un contundente respaldo al desarrollo de un proceso judicial llevado adelante por el Poder Judicial de la provincia de Jujuy, la Corte Suprema de la Nación ratificó la prisión preventiva dictada por jueces y que había sido ratificada por la Cámara de Apelación y la Cámara de Casación y el Superior Tribunal de Justicia, en esta última instancia judicial la corte entendió que no estábamos en presencia de una prisión preventiva arbitraria, y con esto se cae el relato de algunos que sostenían que Milagro Sala era una presa política”.

Continuando agregó que “quedó en claro que al entenderse que aplicaron correctamente uno de los estándares que autoriza el dictado de la prisión preventiva que es el riesgo procesal, y nada más contundente que los jueces entendieron y tenían las pruebas a su alcance eran los encargados de fijar y dictar esta prisión preventiva que reitero ha sido ratificada por todas las instancias superiores a nivel provincial”.

El Fiscal de Estado consideró como “un incidente” dentro del proceso la medida ya que se continúa con la investigación de hechos graves de corrupción, con juicio oral y público donde se denuncia fraude a la administración pública por 29 millones de pesos por la que se encuentra imputada y detenida Sala dentro de un hecho de asociación ilícita, conjuntamente con otros particulares y ex funcionarios del gobierno provincial.

“La Corte Suprema de Justicia de la Nación no pudo soslayar la medida provisional dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ya estará en manos nuevamente de los jueces, dictando la prisión preventiva o de la justicia provincial que determinará cuáles son los pasos a seguir en virtud de esta medida”, afirmó Miranda.

Finalmente, el fiscal señaló que desde la Corte Suprema de Justicia de la Nación se constató mediante médicos las condiciones de detención, de alojamiento y el estado psicofísico de la dirigente. “El estado de condiciones es óptimo y que cumple con todos los estándares requeridos por la legislación vigente en la materia”, concluyó.

El estado provincial tomó conocimiento de la resolución emitida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso que se vincula a Milagro Sala, a través de los medios de comunicación.

Gobierno-de-la-provincia-de-Jujuy

En dicha resolución se solicita al Estado Argentino que adopte las medidas necesarias para garantizar la vida e integridad personal de la señora Milagro Sala, sin hacer lugar al pedido de liberación efectuado por el CELS, Amnistía Internacional Argentina y ANDHES.

Sin perjuicio de que la resolución emitida por la CIDH, convalida la actuación de la justicia provincial con relación a la prisión preventiva, avocándose sólo a la situación de la integridad personal de la señora Sala por presuntos actos de hostigamiento en su contra, desde el Gobierno de la Provincia, en lo que es de su competencia reafirma su compromiso de garantizar la vida y la integridad personal de la señora Sala situación que, no solo fue constatada por los miembros de la CIDH sino también por la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación y el Grupo de Trabajo de detenciones arbitrarias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) al momento de evaluar las condiciones de detención de la misma.

Vale recordar que, en ocasión de visitar la provincia, los miembros de la CIDH expresaron públicamente que las condiciones de detención son satisfactorias sin hacerse eco de denuncias sobre hostigamientos, entre otros, lo que da cuenta de que está garantizada la integridad personal de la señora Sala. Llama la atención entonces, que en su resolución, la CIDH considere que frente a presuntas situaciones que no fueron constatadas, solicite tales medidas.

Asimismo, en cumplimiento de los estándares y principios del sistema interamericano e internacional de DDHH en el que se enmarca el Gobierno de la provincia de Jujuy, una vez recibida la notificación formal de la precitada Resolución, el Poder Ejecutivo dictará acto administrativo poniendo en conocimiento de la misma al Poder Judicial de la Provincia, en virtud de que la justicia provincial y sus tribunales son las autoridades con competencia para resolver sobre la cuestión.

El Gobierno de la provincia reafirma el compromiso con la defensa de las garantías individuales, para avanzar en el fortalecimiento de nuestra democracia, y en ese sentido cabe destacar que dicha Resolución por parte de la CIDH se dicta en el marco de presentaciones de partes y por un pedido expreso del Gobierno de la Provincia de Jujuy de invitar a los miembros de la misma a la provincia, hecho que ocurrió en el marco de la total apertura y transparencia en el trámite ante dicha CIDH.

 

 

En relación al informe preliminar del Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias (GTDA) de la Comisión de DDDHH de la ONU, de evaluación y análisis de las personas privadas de la libertad en la República Argentina, brindado ayer jueves 18 de mayo en la sede del organismo en Buenos Aires, Miranda señaló que “el informe –dijo- no ha reiterado la recomendación de que la señora Milagro Sala sea liberada, ni ha señalado ningún tipo de irregularidad que se hubiera verificado sobre su situación, ni mucho menos se ha hecho eco de las falsas denuncias de torturas y malos tratos que les formuló Sala”.

Mariano Miranda, fiscal de Estado.
Mariano Miranda, fiscal de Estado.

 

Miranda recordó que el Grupo de Trabajo emitió una recomendación de que Sala fuera liberada, por considerar su detención arbitraria. Ante esta recomendación, que fue calificada como producto de falta de información y también de información falsa, el Gobernador Gerardo Morales invitó al Grupo a visitar Jujuy, para conocer las causas que tramitan ante la Justicia y poder constatar en forma directa la situación de Sala.

“Los expertos Elina Steinerte y Sètondji Roland Adjovi, que se reunieron con los abogados de Sala y la visitaron en dos oportunidades, no han efectuado ningún tipo de recomendación. En el informe ni siquiera se la menciona”, expresó Miranda.

Señaló asimismo que el GTDA fue recibido por el Poder Ejecutivo Provincial, el Superior Tribunal de Justicia y el Ministerio Público de la Acusación, adonde se le brindó toda la información que solicitaron.

Miranda consideró especialmente significativo el silencio respecto de las denuncias de torturas, malos tratos y otras formas de persecución que formuló Sala ante el Grupo de Trabajo “La misión de Naciones Unidas evidentemente no le creyó”.

Por otro lado, el Fiscal de Estado destacó que el Grupo de Trabajo haya reconocido “las pautas y los lineamientos del Fiscal General de Jujuy Sergio Lello Sánchez, impartidos para los fiscales provinciales respecto de la excepcionalidad de la prisión preventiva y el uso de medidas alternativas a la privación de la libertad”.

En el mismo contexto, Miranda hizo notar que si bien el informe adopta una actitud crítica en relación con el sistema penal y penitenciario, así como sobre la excesiva duración en algunos casos de la prisión preventiva, la mención no se refiere a la Provincia de Jujuy, sino a toda la República Argentina. “Es una situación que viene de años y en la que en particular en Jujuy se han registrado avances. La duración de las prisiones preventivas actualmente se encuentran entre las más bajas del país”.

El funcionario hizo notar que “las denuncias puntales como la represión a comunidades aborígenes o el acoso a personas transgénero, que también se mencionan en el informe, se refieren a otras provincias argentinas”.

Para terminar, señaló que Jujuy cuenta con una institucionalidad que responde a los estándares internacionales y que en la provincia rigen en forma irrestricta los derechos y las garantías que derivan de la Constitución Nacional y de los tratados que forman parte de la misma.

“Luego de tantos esfuerzos destinados a desacreditar al Gobierno de Jujuy en su lucha contra la corrupción, todos los que se hicieron eco de denuncias y versiones falsas, deberían también, informarse sobre las características de las causas por hechos graves de corrupción que se siguen en la Justicia respecto a Milagro Sala y ex funcionarios de orden provincial y Nacional”, puntualizó.

 

Así lo expresó el ministro de Gobierno y Justicia, Agustín Perassi, a raíz de la propuesta del diputado Marcelo Nasif (Primero Jujuy) de llamar a consulta popular para que los jujeños se pronuncien sobre la continuidad o no de la prisión preventiva de Milagro Sala.

Ministro de Gobierno y Justicia, Agustín Perassi.
Ministro de Gobierno y Justicia, Agustín Perassi.

Perassi calificó como errónea la iniciativa de Nasif, ya que “se trata de un tema estrictamente judicial y hay que dejar que la justicia trabaje libremente en función de lo que tienen en los expedientes”, argumentó.

Asimismo, recordó que el origen de la imputación de Sala tiene que ver con fondos que habían venido de Nación para la construcción de viviendas, las cuales, no se construyeron y no se rindieron cuentas sobre el uso del dinero destinado para esas viviendas.

“Los jueces han entendido que debe estar en prisión preventiva por aplicación del Código Procesal Penal y hasta ahí tenemos que opinar nosotros”, dijo y puntualizó que “los jueces tienen que hacer su trabajo y los políticos tenemos que hacer el nuestro y no meternos ni injerir en otro poder”.

Finalmente, remarcó que todos los poderes del Estado realizan trabajos complementarios en el accionar hacia el servicio de la comunidad, conservando su independencia en la toma de decisiones, “y si cada uno se mete en el trabajo del otro, seguramente la democracia funciona mal”, completó.