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Las provincias de Jujuy, Corrientes, Rio Negro, Mendoza y Buenos Aires, presentaron las oportunidades de inversiones turísticas ante una delegación de empresarios chinos que buscan oportunidades de inversión en la Argentina.

El encuentro fue organizado por la Secretaría de Gobierno de Turismo de la Nación, la Agencia Nacional de Inversiones y de la Administración de Parques Nacionales junto al Foro de Economía Global de Turismo.

Sobre el particular, el ministro de Cultura y Turismo de Jujuy, Federico Posadas, indicó que la reunión tuvo como objetivo potenciar y difundir los destinos naturales de Argentina en diferentes mercados mundiales, «motivo por el cual desde la Secretaría de Turismo de la Nación se convoca a inversores extranjeros y nacionales para alentarlos a desarrollar el potencial del país».

«En el caso particular de Jujuy -continuó-, presentamos las distintas alternativas para invertir en la provincia, mostrando todo el potencial existente y el crecimiento exponencial logrado en los últimos tres años, donde se duplicó el arribo de pasajeros por el aeropuerto, el crecimiento de un 46 por ciento la cantidad de turistas, y se hizo hincapié en que, si bien creció el 15 por ciento la oferta hotelera, aún falta».

Posadas señaló que también se detalló la inversión de China en la instalación del parque solar de Cauchari y el desarrollo del litio «y los invitamos a invertir también en turismo en cinco proyectos a desarrollarse en Alto Padilla, la zona de los Diques, en el Parque Nacional Calilegua, en la Posta de Hornillos y en zonas internas de San Salvador de Jujuy, que hoy la hotelería tiene alto nivel de ocupación por la puesta en valor de la ciudad pero no tiene un número de camas suficientes para ofrecer a la cantidad de turistas que arriban».

«La delegación de empresarios chinos que encabeza la presidenta del Foro de Economía Global de Turismo, demostró mucho interés en los proyectos y solicitaron poder realizar un viaje para recorrer las distintas locaciones y conocer sus potencialidades», concluyó.

El Foro de Economía Global del Turismo, que se realiza anualmente en diferentes sedes y del cual Argentina y Brasil son países socios estratégicos en su edición 2019, es una de las plataformas de turismo líderes en el mundo diseñada para promover el desarrollo sostenible de la industria del turismo global.

La ministra de Ambiente de la Provincia, María Inés Zigarán, afirmó que “el Gobierno de la Provincia de Jujuy y el proyecto que lidera el gobernador Gerardo Morales, está cumpliendo de manera responsable con una de las decisiones ambientales más trascendente de los últimas décadas: dejar sin efecto todos los actos que posibilitaron la explotación de petróleo en el Parque Nacional Calilegua”.

Ministra de Ambiente de la Provincia, María Inés Zigarán
Ministra de Ambiente de la Provincia, María Inés Zigarán

“Hemos tomado una de las decisión más importantes y estamos trabajando para determinar el plan de cese y remediación para recuperar el área del Parque impactada por la actividad hidrocarburífera”, sostuvo la funcionaria.

Recordó que la Ley 5889 -sancionada en diciembre de 2015- dejó sin efecto “los decretos, normas, contratos y demás actos que hubieren permitido o reglamentado la explotación hidrocarburífera en el Parque Nacional Calilegua y que fueren contrarios a la Constitución Nacional, los tratados firmados por la Nación, la Constitución de la Provincia y la normativa nacional y provincial aplicable”.

Complementariamente con fecha 22 de febrero de este año se dictó el Decreto 683/16 que encomendó al Ministerio de Ambiente un relevamiento del daño ambiental y un plan preliminar de remediación, pero además dicho Decretó convocó a la constitución de un Comité Técnico que luego fue constituido por Resolución del Ministerio de Ambiente.

El Comité está constituido entonces por la cartera de Ambiente, la Secretaría de Minería, la Secretaría de Pueblos Indígenas y Jemse; mientras que en representación de la Nación participan el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, la Administración de Parques Nacionales, la Intendencia del Parque Nacional Calilegua y la Universidad Nacional de Jujuy.

El Comité ha realizado hasta el momento cuatro sesiones donde se estudiaron diversas alternativas, entre otras la posibilidad de que el cierre fuera llevado adelante por una operadora distinta a la actual, pero también se valoró la posibilidad de que la actual operadora llevara a cabo el cese.

“Oportunamente solicitamos a la empresa Petro AP, operadora actual, que presentara el plan de cese. Recibimos una propuesta inicial que fue rechazada por la extensión del plazo de cierre, que llegaba a 12 años. Luego, la empresa acercó una segunda propuesta y estamos ahora aguardando el detalle técnico del plan que podría durar entre 4 y 6 años”, detalló Zigarán.

Además resaltó el aporte del Ministerio de Ambiente de Nación que contrató a una Consultora que está llevando adelante una auditoría ambiental, y cuyos primeros informes se aguardan para principios de octubre. “A mediados de octubre el Comité Técnico ya contará con elementos técnicos para poder mejorar el proceso de toma de decisiones”, expresó la funcionaria del ejecutivo provincial.

Puso de relieve además, que el Gobierno de la Provincia, con Gerardo Morales a la cabeza, va a garantizar que se lleve a cabo un plan de cese y remediación en las mejores condiciones técnicas y ambientales. “Es importante que la operadora que se está retirando del Parque asuma el costo económico del proceso, que es varias veces millonario”; por eso expresó: “aguardamos con expectativa el detalle del plan técnico para efectuar una evaluación más precisa. El  plan contendría como una primera medida la restitución inmediata de tierras que están en manos de la operadora pero que no fueron impactadas por la actividad”.

A propósito de la importancia del Plan, la titular de ambienten enfatizó que “el cierre no es fácil, porque no se puede cerrar una válvula y abandonar el pozo. El cierre requiere un plan de abandono que incluye el sellado de los acuíferos y de las zonas productoras”.

Por otro lado, la Ministra indicó que la provincia está evaluando litigar contra concesionarios anteriores, entre otros YPF, por los pozos inactivos que fueron cerrados de acuerdo a normativa que estuvo vigente hasta el año 1996, pero que no responde a los estándares de seguridad actuales. Entendemos que es necesario incluir dentro del proceso también el cierre -con métodos ambientales aceptables- de esos pozos, para asegurar que el área no estará expuesta a riesgos ambientales futuros”.

Decisiones que garantizan el cumplimiento de la Ley

“Un abandono apresurado que no meritúe todos los aspectos que deben tenerse en cuenta sería, al menos, irresponsable. Por eso estamos actuando con toda la cautela necesaria para que las decisiones que se tomen sean sustentables y garanticen que se cumpla con la Ley 5889 y recuperemos ese área del Parque Calilegua que tienen un enorme valor en términos de biodiversidad y de servicios ecosistémicos”, agregó Zigarán.

“Vamos a cuidar los intereses de la provincia y también de la Nación, porque se trata de un área que es jurisdicción de la Administración de Parques Nacionales por eso estamos trabajando para llegar a acuerdos que nos permitan una solución que se ejecute en el menor tiempo posible y con la mayor responsabilidad atento a las cualidades naturales y ambientales del área”, puntualizó.

La Ministra de Ambiente completó sus expresiones, diciendo que “hay actos jurídicos anteriores, preexistentes a este Gobierno, hemos dejado sin efecto por ley los que corresponden a la provincia y hay una situación fáctica que son los pozos de petróleo en explotación que deben ser cerrados en el menor tiempo posible con el menor impacto ambiental y de una manera técnica”.

Finalmente, junto con el análisis de las acciones judiciales contra concesionarios anteriores, también la Provincia se encuentra evaluando las responsabilidades de funcionarios provinciales de la administración anterior que no sólo avalaron con sus actos la explotación de petróleo, sino que además pretendieron extenderla hasta el 2037, pretensión que fue abortada por la Ley 5889.

El Ministerio de Ambiente de la Provincia de Jujuy, a través de su titular, María Inés Zigarán, anunció que presentará en sede judicial federal una demanda contra YPF por el pozo E 3 que se encuentra fuera de la jurisdicción del Parque Nacional Calilegua y cuyas aguas surgentes representan una amenaza ambiental. Asimismo, solicitará una medida cautelar para que se implemente una solución perentoria para controlar las aguas surgentes y cerrar el pozo a través de una tecnología ambientalmente aceptable.

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Ministra de Ambiente, María Ines Zigarán

 

Zigarán anticipó la novedad y precisó que la decisión fue adoptada por la provincia, luego de un extenso proceso de análisis de diversas alternativas y diálogo con YPF. No descartó incluso que la demanda pueda alcanzar a otras concesionarias.

 

Los diversos análisis realizados en el pozo E 3 coinciden en que tanto el suelo como el agua superficial monitoreadas presentan elevadas concentraciones de sales de potasio y sodio, y presencia de hidrocarburos totales de petróleo y cobre. Esta situación podría estar contaminando la cuenca del Arroyo Yuto.

 

YPF perforó el pozo E 3 Caimancito en los años 1969 y 1970, el que resultó estéril y fue abandonado conforme a la normativa vigente en ese momento. Dicho pozo presenta actualmente rotura de una válvula y estaría en estado de surgencia desde los años 90.

 

Las aguas surgentes tienen una temperatura entre 70° y 87°, y contienen altos niveles de sales, pero además se ha detectado la presencia de hidrocarburos, composición que representa una amenaza en términos de biodiversidad y de preservación de la cuenca del Arroyo Yuto.

 

“Hemos mantenido con YPF diversas instancias de diálogo, pero atento a que no hemos logrado construir un acuerdo que nos satisfaga es que se ha decidido llevar adelante una acción legal ante la justicia federal, porque tenemos la responsabilidad de garantizar la preservación del ambiente”, declaró la ministra.

 

Explicó que en materia ambiental existe el principio de responsabilidad, por el cual “el generador de efectos degradantes del ambiente, actuales o futuros, es responsable de los costos de las acciones preventivas y correctivas de recomposición, sin perjuicio de la vigencia de los sistemas de responsabilidad ambiental que correspondan”. Por ello, confió en que la justicia determinará las responsabilidades y urgirá a que se efectivice una solución.