La gran convocatoria fue integrada por 270 jóvenes de las localidades de La Quiaca, Abra Pampa, Tres Cruces, Cusi-Cusi, Santa Catalina, Rinconada y Lagunilla de Farallón, entre otras; quienes junto al Ministerio de Salud y UNICEF trabajaron en materia de embarazo adolescente y suicidio con una dinámica que potencia los espacios de escucha para que expresen sus sentimientos, dificultades y puntos de vista.
Durante el encuentro, el Director de Maternidad e Infancia, Antonio Buljubasich, expresó que “este tipo de encuentros resulta muy positivo, ya que los adolescentes sociabilizan las problemáticas que tienen y a partir de su punto de vista, desde el sistema de salud podemos tomar determinaciones respecto a las políticas públicas que ellos precisan”, acentuó.
Luego, explicó que “son los jóvenes quienes muestran las barreras que tienen y brindan instrumentos o herramientas para que el Estado trate de solucionarlas”, por ejemplo en lo que se refiere al embarazo adolescente, Buljubasich cuenta que “una de las dificultades es el acceso para conseguir los métodos anticonceptivos porque el sistema de salud resulta complicado para ellos, ya que tienen que acudir al hospital o puesto de salud y a la vez en el hogar dar explicaciones al respecto”, describió el funcionario provincial advirtiendo que “la problemática está muy relacionada a una cuestión cultural porque no está bien visto que los adolescentes puedan ejercer el derecho a la sexualidad”.
Seguidamente, Buljubasich sostuvo que “el sistema de salud busca evidencias de distintas situaciones por la que transitan los jóvenes, hay un cambio en la cultura de los adolescentes, como así también de los docentes quienes también son capacitados en forma constante a través de estos foros y de las asesorías integrales”.
En lo que respecta a la salud sexual integral, el Director de Maternidad e Infancia se refirió a que “las personas tienen derecho a tomar sus propias decisiones libremente en todo lo referido a su propio cuerpo”, y agregó que “la concepción de salud reproductiva supone el derecho de las personas a elegir métodos anticonceptivos seguros, eficaces, accesibles y aceptables, y de tener acceso a servicios de salud apropiados que permitan embarazos planificados y partos sin riesgos con las máximas posibilidades de tener hijos sanos”, concluyó.
