La ministra de Ambiente de la Provincia, María Inés Zigarán, afirmó que “el Gobierno de la Provincia de Jujuy y el proyecto que lidera el gobernador Gerardo Morales, está cumpliendo de manera responsable con una de las decisiones ambientales más trascendente de los últimas décadas: dejar sin efecto todos los actos que posibilitaron la explotación de petróleo en el Parque Nacional Calilegua”.
“Hemos tomado una de las decisión más importantes y estamos trabajando para determinar el plan de cese y remediación para recuperar el área del Parque impactada por la actividad hidrocarburífera”, sostuvo la funcionaria.
Recordó que la Ley 5889 -sancionada en diciembre de 2015- dejó sin efecto “los decretos, normas, contratos y demás actos que hubieren permitido o reglamentado la explotación hidrocarburífera en el Parque Nacional Calilegua y que fueren contrarios a la Constitución Nacional, los tratados firmados por la Nación, la Constitución de la Provincia y la normativa nacional y provincial aplicable”.
Complementariamente con fecha 22 de febrero de este año se dictó el Decreto 683/16 que encomendó al Ministerio de Ambiente un relevamiento del daño ambiental y un plan preliminar de remediación, pero además dicho Decretó convocó a la constitución de un Comité Técnico que luego fue constituido por Resolución del Ministerio de Ambiente.
El Comité está constituido entonces por la cartera de Ambiente, la Secretaría de Minería, la Secretaría de Pueblos Indígenas y Jemse; mientras que en representación de la Nación participan el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, la Administración de Parques Nacionales, la Intendencia del Parque Nacional Calilegua y la Universidad Nacional de Jujuy.
El Comité ha realizado hasta el momento cuatro sesiones donde se estudiaron diversas alternativas, entre otras la posibilidad de que el cierre fuera llevado adelante por una operadora distinta a la actual, pero también se valoró la posibilidad de que la actual operadora llevara a cabo el cese.
“Oportunamente solicitamos a la empresa Petro AP, operadora actual, que presentara el plan de cese. Recibimos una propuesta inicial que fue rechazada por la extensión del plazo de cierre, que llegaba a 12 años. Luego, la empresa acercó una segunda propuesta y estamos ahora aguardando el detalle técnico del plan que podría durar entre 4 y 6 años”, detalló Zigarán.
Además resaltó el aporte del Ministerio de Ambiente de Nación que contrató a una Consultora que está llevando adelante una auditoría ambiental, y cuyos primeros informes se aguardan para principios de octubre. “A mediados de octubre el Comité Técnico ya contará con elementos técnicos para poder mejorar el proceso de toma de decisiones”, expresó la funcionaria del ejecutivo provincial.
Puso de relieve además, que el Gobierno de la Provincia, con Gerardo Morales a la cabeza, va a garantizar que se lleve a cabo un plan de cese y remediación en las mejores condiciones técnicas y ambientales. “Es importante que la operadora que se está retirando del Parque asuma el costo económico del proceso, que es varias veces millonario”; por eso expresó: “aguardamos con expectativa el detalle del plan técnico para efectuar una evaluación más precisa. El plan contendría como una primera medida la restitución inmediata de tierras que están en manos de la operadora pero que no fueron impactadas por la actividad”.
A propósito de la importancia del Plan, la titular de ambienten enfatizó que “el cierre no es fácil, porque no se puede cerrar una válvula y abandonar el pozo. El cierre requiere un plan de abandono que incluye el sellado de los acuíferos y de las zonas productoras”.
Por otro lado, la Ministra indicó que la provincia está evaluando litigar contra concesionarios anteriores, entre otros YPF, por los pozos inactivos que fueron cerrados de acuerdo a normativa que estuvo vigente hasta el año 1996, pero que no responde a los estándares de seguridad actuales. Entendemos que es necesario incluir dentro del proceso también el cierre -con métodos ambientales aceptables- de esos pozos, para asegurar que el área no estará expuesta a riesgos ambientales futuros”.
Decisiones que garantizan el cumplimiento de la Ley
“Un abandono apresurado que no meritúe todos los aspectos que deben tenerse en cuenta sería, al menos, irresponsable. Por eso estamos actuando con toda la cautela necesaria para que las decisiones que se tomen sean sustentables y garanticen que se cumpla con la Ley 5889 y recuperemos ese área del Parque Calilegua que tienen un enorme valor en términos de biodiversidad y de servicios ecosistémicos”, agregó Zigarán.
“Vamos a cuidar los intereses de la provincia y también de la Nación, porque se trata de un área que es jurisdicción de la Administración de Parques Nacionales por eso estamos trabajando para llegar a acuerdos que nos permitan una solución que se ejecute en el menor tiempo posible y con la mayor responsabilidad atento a las cualidades naturales y ambientales del área”, puntualizó.
La Ministra de Ambiente completó sus expresiones, diciendo que “hay actos jurídicos anteriores, preexistentes a este Gobierno, hemos dejado sin efecto por ley los que corresponden a la provincia y hay una situación fáctica que son los pozos de petróleo en explotación que deben ser cerrados en el menor tiempo posible con el menor impacto ambiental y de una manera técnica”.
Finalmente, junto con el análisis de las acciones judiciales contra concesionarios anteriores, también la Provincia se encuentra evaluando las responsabilidades de funcionarios provinciales de la administración anterior que no sólo avalaron con sus actos la explotación de petróleo, sino que además pretendieron extenderla hasta el 2037, pretensión que fue abortada por la Ley 5889.