- Suspensión de cortes. Se prohíbe la interrupción del suministro por falta de pago hasta que se cumplan 20 días corridos de mora de la segunda factura consecutiva impaga.
- Protección del medidor. El retiro del equipo de medición solo podrá realizarse una vez transcurridos 60 días desde la fecha en que se efectuó el corte del servicio.
- Eliminación de punitorios. Queda prohibido el cobro de intereses punitorios sobre las facturas de energía eléctrica mientras dure la emergencia.
Subsidios y Tarifa Social
Por otra parte, el Ejecutivo provincial ratificó su compromiso con el sostenimiento de los beneficios vigentes para las familias jujeñas:
- Ley Puna. Se mantiene el subsidio del 50% dispuesto por la Ley 4.773 y sus normas complementarias.
- Tarifa Social. Se ratifica la plena vigencia del Decreto 8675-ISPTyV-2019, que subsidia el 100% del Cargo Fijo y el 25% del Cargo por Uso de Red.
- Campañas de reempadronamiento. La Secretaría de Energía y la SUSEPU iniciarán una campaña intensiva de difusión para asegurar que todos los ciudadanos que cumplan con los requisitos puedan incorporarse a este beneficio de forma permanente.
Medidas para el servicio de agua potable
El impacto de la emergencia también alcanza al servicio de agua potable y saneamiento. En este sentido, se facultó a la empresa EJESA para incluir, dentro de los convenios de refinanciación, las deudas generadas con Agua Potable de Jujuy, facilitando así la regularización de los usuarios.
Asimismo, se prohibió a la empresa estatal de agua cobrar intereses punitorios a los usuarios cuyo consumo mensual no supere los 30 m3 y a aquellos vinculados a grifos comunitarios.
Control y fiscalización
La SUSEPU recibió instrucciones precisas para actuar como organismo de contralor, ejerciendo todas sus competencias de regulación y fiscalización para garantizar que los prestadores del servicio den cumplimiento efectivo a las nuevas disposiciones.
Con este paquete de medidas, el Gobierno de Jujuy intenta brindar previsibilidad a los usuarios y asegurar la continuidad de los servicios básicos en un marco de protección para los sectores más vulnerables de la provincia.
