Martínez remarcó que "el propósito final es que los resultados lleguen a la sociedad. La idea es aportar en soluciones para toda la comunidad", afirmó.
Una agenda en común
Con la firma, ambas instituciones dan continuidad a la agenda que habían comenzado a delinear. Esa propuesta se apoya en la idea de sumar las iniciativas de la Facultad para dotar de rigor técnico, fundamentación científica y sostenibilidad a los cambios en las políticas públicas.
De este modo, el convenio refuerza la articulación entre el ámbito académico y la gestión de gobierno, con el objetivo de que las decisiones del Estado cuenten con respaldo técnico y puedan mantenerse en el tiempo.
Qué establece el convenio
El documento fija un marco de cooperación académica en materia de capacitación, actualización profesional, investigación aplicada, asistencia técnica y transferencia de conocimientos, vinculados con la economía, las finanzas públicas, la administración y la gestión pública.
Entre las actividades previstas figuran la realización conjunta de estudios, investigaciones e informes; la capacitación del personal del Estado provincial, docentes, estudiantes y graduados; la organización de jornadas, seminarios, conferencias y talleres; la asistencia técnica en materia económica, financiera, presupuestaria y tributaria; la promoción de prácticas profesionales y pasantías; el intercambio de experiencias entre profesionales, docentes e investigadores; y el desarrollo de herramientas que contribuyan a la modernización y mejora de los procesos de gestión pública.
Las acciones concretas se instrumentarán mediante programas de trabajo, actas de ejecución o protocolos técnicos, y cada institución designará responsables que coordinarán las actividades y darán seguimiento a los proyectos.
