Esta Convención, la más universal de los tratados internacionales, establece una serie de derechos para los niños y las niñas, incluidos los relativos a la vida, la salud y la educación, el derecho a jugar, a la vida familiar, a la protección frente a la violencia y la discriminación, y a que se escuchen sus opiniones.
Establece que los Estados que lo ratifiquen deben asegurar de manera obligatoria que todas las personas menores de 18 años de edad gocen de los derechos contenidos en él sin distinción de raza, color, idioma, nacimiento o cualquier otra condición de la niñez y adolescencia, sus familias o de sus representantes legales.
Vale mencionar que la Argentina ratificó la Convención en 1990 y en 1994 le otorgó rango constitucional tras el Pacto de Olivos. Además, nuestro país cuenta con la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes sancionada en 2005 y establece la aplicación obligatoria de la Convención.
