El encuentro permitió abordar los principales cambios del nuevo régimen, los estándares de derechos humanos aplicables y los desafíos que plantea su implementación para las políticas públicas, el sistema de protección y los distintos actores que intervienen ante situaciones de adolescentes en conflicto con la ley penal.
Durante la jornada expusieron Sebastián Medina, a cargo de la Defensoría de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de la Nación, y Gloria Bonatto, integrante de la Defensoría Nacional y directora del Gabinete de Asesores. Ambos desarrollaron aspectos vinculados con la implementación del nuevo régimen y compartieron información correspondiente a un relevamiento nacional realizado por el organismo.
Medina destacó la importancia de fortalecer el vínculo entre los distintos sectores del Estado y explicó que la Defensoría realizó un análisis comparativo entre la normativa nacional y las legislaciones provinciales, con el propósito de aportar herramientas para jueces, fiscales y otros actores del sistema.
Articulación para fortalecer las políticas públicas
La secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia, Marta Iriarte, remarcó la importancia de sostener espacios de formación destinados a equipos técnicos y profesionales y señaló que “la implementación del nuevo régimen requiere respuestas coordinadas entre el Estado y la sociedad, con intervenciones que contemplen la protección integral de adolescentes en conflicto con la ley penal”.
Por su parte, el rector de la UNJu, Mario Bonillo, valoró la participación de representantes de distintos sectores y de los tres poderes del Estado. Asimismo, destacó la necesidad de incorporar transversalmente la perspectiva de derechos humanos en los espacios de formación universitaria y promover nuevas miradas sobre las juventudes.
La jueza del Poder Judicial y titular de la Oficina de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, María de las Mercedes Arias, destacó la necesidad de contar con capacitación específica para quienes intervienen en situaciones vinculadas con adolescentes en conflicto con la ley penal y señaló la importancia de dar continuidad al trabajo articulado entre las instituciones.
La jornada consolidó un espacio de intercambio y formación entre organismos estatales, universidad y equipos especializados, orientado a fortalecer las capacidades institucionales y las políticas públicas vinculadas con las adolescencias y el Sistema de Protección Integral de Derechos.
